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El Tiempo: Van 38 homicidios de venezolanos en Cúcuta y se disparan las alertas

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Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación que lidera Cañizares, entre 2015 y 2020 asesinaron a 427 migrantes venezolanos en Norte de Santander, de los cuales 165 fueron en Cúcuta

> El 2021 ha sido un año marcado por múltiples asesinatos en Norte de Santander, pero hay un indicador que va en aumento y preocupa, el homicidio de migrantes venezolanos.

Por MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ y ANDRÉS CARVAJAL / eltiempo.com

Aunque los hechos de violencia se presentaban en principio en la zona rural, poco a poco la zozobra se ha apoderado del área urbana y allí es donde se concentra la cifra más alta de asesinatos.

Pese a que ciudadanos venezolanos se han visto involucrados como victimarios en asesinatos, hurtos y otros delitos, lo que ha generado rechazo en la ciudadanía, estos migrantes también vienen siendo víctimas de la inseguridad e intolerancia en el país.

El comportamiento de los homicidios de venezolanos en Cúcuta, la principal ciudad fronteriza, ha ido en ascenso: en 2018 se registraron 24 casos, en 2019 hubo 33 muertes, en 2020 los asesinatos fueron 45 y en 2021 ya van 38 casos. Es decir, han asesinado a un venezolano cada ocho días en esta capital en lo que va corrido del año.

Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, afirmó que las cifras reflejan un aumento en los homicidios de venezolanos desde hace cuatro años.

Entren las 38 víctimas de este año se encuentran seis mujeres y 32 hombres.

“Las modalidades han sido por arma de fuego. Se han presentado muertes por riñas, un caso por violencia doméstica y un caso que aún no se ha establecido. Pero el tema más alto ha sido por sicariato y esto está asociado al tráfico de estupefacientes. El tema de la migración hace parte de muchos factores que están relacionados con la seguridad”, indicó el funcionario.

Kenny Sanguino es docente e investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre y presentó a principio de año una investigación donde analiza los homicidios de la población migrante. Para Sanguino, el aumento de homicidios de venezolanos en zona urbana de Cúcuta está directamente relacionado con delitos que estaban siendo cometidos por los migrantes.

“Encontramos (entre 2015 y 2020) que a medida que aumentaba el flujo migratorio también aumentaba el número de víctimas y victimarios de homicidios. Mi percepción es que pueden haber algunos casos que se den por xenofobia, pero en el caso del área metropolitana de Cúcuta los homicidios de personas venezolanas están relacionados con delincuencia organizada y común”.

Incluso, es dicha investigación, Sanguino concluyó que “con los homicidios en el área metropolitana de Cúcuta se encontraron datos que indican que la tasa de personas de nacionalidad venezolana agresoras de homicidio por cada cien mil habitantes es superior a la tasa de agresores con nacionalidad colombiana en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, durante los años 2019 y 2020″.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Alejandro Martínez, indicó que incluso hay casos donde los migrantes son los homicidas de los otros venezolanos.

“Han ocurrido algunos casos en que los victimarios son venezolanos, atacan a sus víctimas de nacionalidad venezolana. Esto está comprobado y ya se han generado capturas. Es un hecho que venezolanos han asesinado a venezolanos. No ocurre siempre, pero sí se han dado situaciones”, Alejandro Martínez.

Según información de la Policía, algunos de los venezolanos que han sido asesinados presentan antecedentes por delitos como hurto y porte de armas de fuego. Mientras que, según cifras de la Secretaría de Seguridad, otras víctimas no registran antecedentes; sin embargo, “un gran porcentaje está relacionado con el tráfico de estupefacientes, ya sea por ajustes de cuentas o por control del territorio”, indica el funcionario.

“En ningún momento se puede decir que todos los venezolanos vienen a cometer delitos. El 34 por ciento de los capturados son venezolanos, esta es una cifra pequeña de las personas que delinquen en comparación con las personas que están migrando a Colombia, dice el secretario Martínez.

Para Wilfredo Cañizares, líder de la Fundación Progresar, que se ha encargado de analizar el conflicto en frontera desde hace varias décadas, la desprotección que tienen los migrantes por parte del Estado es uno de los factores que podrían incidir en el aumento de casos.

“La condición de desprotección del migrante es muy fuerte y hay un estigma que ha ido creciendo y es que el migrante venezolano está para cometer actos ilegales, lo cual no es cierto porque la cifra oficial de la Policía no demuestra que la criminalidad se haya disparado con la presencia de migrantes”, dice.

Justamente en el marco de la pasada Asamblea Nacional de Personeros, el presidente de la Federación que agrupa a estos funcionarios, Jesualdo Arzuaga, lanzó una alerta por este hecho.

“El tema pasa porque el fenómeno migratorio es un tema desorganizado, Colombia tiene un gesto humanitario, pero no ha organizado la política migratoria (…). Al Gobierno Nacional le falta un poco; no se puede quedar solo en el gesto, es necesario avanzar hacia políticas de protección”, indicó.

En esto coincide Socorro Ramírez, docente en retiro de estudios políticos de la Universidad Nacional y quien ahora lidera Puentes Ciudadanos, una red que hace seguimiento a las problemáticas entre Colombia y Venezuela.

“Se agrava la situación de los migrantes, de entrada, al acusarlos de bandidaje y de dedicarse a actividades ilegales. Me parece que eso acaba de agravar la situación, que es delicada. Los esfuerzos por regular la situación de los migrantes deberían ser acompañados también por posibilidades de que encuentren alguna alternativa para conseguir ingresos básicos y poder tener acceso a servicios fundamentales”.

Defensores de derechos humanos y la ciudadanía cucuteña exigen mayores resultados a la Policía y al Ejército. Durante el 2021 se han realizado al menos 20 consejos de Seguridad con conclusiones y estrategias que no han sido certeras para neutralizar la violencia en Cúcuta y Norte de Santander. Sin embargo, sigue la llegada de uniformados del Gobierno Nacional para mitigar el aumento de delitos en la ciudad.

Preocupan los homicidios en zonas rurales Para organizaciones de Defensa de los derechos humanos, como la Fundación Progresar que lidera Wilfredo Cañizares, estos asesinatos también están asociados a un tema de xenofobia que es más frecuente en el área rural de Norte de Santander.

“Hay diversidad de escenarios, pero hay algo que pone en riesgo permanente a los migrantes y es que hay un ambiente de discriminación y xenofobia. Hay un ambiente muy pesado de sospecha frente a cualquier migrante en cualquier lugar del departamento”, dice Cañizares.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación que lidera Cañizares, entre 2015 y 2020 asesinaron a 427 migrantes venezolanos en Norte de Santander, de los cuales 165 fueron en Cúcuta.

“Lo han convertido en una persona sospechosa de actividades ilegales”, dice el experto, quien explica que esas sospechas llegan hasta los territorios controlados por paramilitares y guerrilla.

Dos de los asesinatos del pasado mes de octubre en zona rural del departamento tuvieron un común denominador, los cuerpos de los migrantes aparecieron con carteles que tenían la palabra “ladrón”.

Este fue el caso de Albert José Cabrera Alemán, de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en el kilómetro 25 vía Tibú-La Gabarra envuelto en hojas y con un letrero que lo tildaba de ladrón.

Cabrera llegó hace cinco años a Norte de Santander y desde hace cuatro trabajaba en oficios varios en una finca del lugar; su mamá, Carmen Alemán, cree firmemente que su hijo no estaba robando.

“Yo sé que mi hijo en cosas malas no andaba. Allá donde trabajó los cuatro años estaban asombrados, no creían esa muerte porque es un muchacho tranquilo, trabajador, responsable y eso que lo conocieron 4 años y le dieron confianza, qué más fe que ellos para decir que no andaba en nada malo”, dice Carmen entre lágrimas.

Cañizares analiza la situación de estas zonas rurales donde hay fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley.

“Un migrante en un territorio donde hay presencia paramilitar es muy probable que lo asesinen por sospecha, porque el migrante llega solo, no tiene documentos, no tiene a alguien que lo respalde o lo conozca. Igual pasa con la guerrilla, solo es por sospecha de que los envió el enemigo. Los asesinan porque no pueden justificar su presencia”, indica el líder de la fundación Progresar.